Esteban Machucho Temix / Esteban Machucho Temix

Karime sí puede ser acusada

2017-08-16

Hace unos días el Fiscal General Jorge Winckler Ortiz, aseveró ante el periódico el sol y otros medios de comunicación que no se puede actuar contra la señora Karime Macías Tubilla, esposa del exgobernador Javier Duarte de Ochoa debido a que no era funcionaria pública durante su gestión, pues su cargo era honorario al frente del patronato del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
De tal suerte, que ante tal declaración que emitiera el fiscal, respecto a que la señora Karime, no era una servidora pública en la administración de su esposo el señor Javier Duarte, sino una ciudadana con cargo Honorifico, es necesario darle una lectura al párrafo segundo del numeral 328 del código penal del Estado, que literalmente dispone:
“….Se aplicará la misma sanción a quien haga figurar como suyos bienes que el servidor público adquiera o haya adquirido en contravención de lo dispuesto en la misma ley…”
De la lectura del párrafo segundo del citado numeral se advierte, que al haberse señalado, se aplicará la misma sanción, a quien haga figurar como suyos bienes que el servidor público adquiera o haya adquirido en contravención de lo dispuesto en la misma ley; el legislador equiparo tal conducta a la de el “enriquecimiento ilícito”. Es decir, la figurativa delictiva contemplada por el numeral descrito; admite dos formas de comisión una directa consistente en la obtención ilícita de bienes por parte del servidor público y una de carácter formal consistente en ocultar dichos bienes al hacerlos fungir como propios.
Consecuentemente, la conducta tipificada descrita en párrafo segundo del numeral en cita constituye una especie de complicidad sui generis dentro de delito de “Enriquecimiento Ilícito”. Donde el Servidor Público y el particular suman esfuerzos con el fin común de burlar la administración de justicia.
Ello es así, ya que, la conducta del Servidor público consistente en una pérdida económica para el Estado, que se traduce a su vez en un beneficio económico para aquél. Mediante la conducta del particular no se ocasiona una lesión distinta: simplemente “asegura”, mediante su conducta, que la lesionada por el servidor público no sea remediada por el Estado, manteniendo de esa forma la situación de lucro ilícito que le beneficie.
Por lo anterior, el hecho de que la señora Karime, no era una servidora pública en la administración de su esposo el señor Javier Duarte de Ochoa, como lo estipula el Fiscal General Jorge Wickler Ortiz, no es causa suficiente, para no someterla a la señora karime a un procedimiento de enriquecimiento ilícito, pues el párrafo segundo no se refiere únicamente y exclusivamente a los servidores públicos, sino también a sus cómplices, quienes pueden ser, familiares, amigos, esposa, etc.
Nota: la anterior información se sostiene de la resolución del juicio de amparo 1230/2000

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