Ricardo Raphael / Ricardo Raphael

El testimonio que hundió a Duarte

2017-07-25

Su oficina está situada sobre la avenida Tulum, en un inmueble conocido como el Centro Corporativo Spectrum, en Cancún, Quintana Roo.

Tiene 42 años y se graduó hace menos de veinte como abogado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Luego cursó una maestría en London School of Economics (LSE) de la Gran Bretaña; ahí obtuvo mención al mérito.
Se llama Alfonso Ortega López y es el cerebro, tanto financiero como jurídico, de la organización criminal liderada por Javier Duarte de Ochoa.

Hoy la justicia mexicana no persigue a este abogado porque aceptó ser testigo protegido —colaborador— en el proceso que se le sigue al exgobernador veracruzano.
Y sin embargo es pieza clave de una trama asombrosa de corrupción.

Es dueño de Ortega Asociados, una firma que ofrece negocios “boutique” para clientes muy selectos y sofisticados.

Así se anuncia: “proveemos servicios personales para nuestros clientes, mexicanos y extranjeros, siguiendo los estándares éticos más elevados y ofreciendo también la mayor calidad”.
El equipo de Ortega López “se integra por talento profesional joven, que estudió en las más prestigiosas universidades”. Presume también que “ha prestado asesoría para firmas muy reputadas en todo el mundo”.

Paradojas de la publicidad engañosa: ¿estándares éticos? ¿firmas reputadas? ¿alta calidad? ¿joven talento? En realidad Ortega López tuvo un cliente principal que lo hizo millonario.
Se llama Javier Duarte de Ochoa.
El abogado fue prestanombres del exmandatario y le ayudó a diseñar mecanismos para hacerse de manera ilegal de bienes raíces costosísimos.

Según sus propias confesiones habría sido intermediario para realizar operaciones en Campeche, Miami, Houston, Arizona, Madrid, Ixtapa Zihuatanejo y el Distrito Federal.

A cambio de sus servicios este honorable licenciado cobraba alrededor de 300 mil pesos mensuales, en efectivo; es decir un total de 21 millones de pesos durante los últimos seis años, libres de polvo y paja.
Nadie tocará a este operador de la ley porque está protegido por la PGR.
También sus ahorros permanecerán a salvo.

Y es que de su testimonio depende el caso que esa dependencia está construyendo en contra de Javier Duarte.
En efecto, Ortega goza de los privilegios que brinda ser un soplón de altísimo vuelo.

Con la fortuna acumulada podrá irse a vivir a los Estados Unidos, donde ya cuenta con propiedades, clientes y negocios.
Así es el sistema.
Nada que reprochar.
Con todo, este hombre merecería ser exhibido públicamente durante el juicio que se sigue en contra de una de las redes más escandalosas de corrupción que hayan tenido lugar en México.

No solo la defensa de Duarte debería interrogarlo, también los fiscales de la PGR habrían de hacerlo en público.
Varias son las preguntas que se antojarían fundamentales en esa entrevista que jamás ocurrirá: ¿Los estándares éticos citados le indicaban no preguntar jamás a sus clientes de dónde venía el dinero invertido a nombre propio y de diversas empresas fantasma?
¿O fue solo en el caso de Javier Duarte que Ortega omitió conocer esta breve pieza de información?
Si este abogado es el principal informante de la PGR —y afirma ignorancia sobre el origen de los recursos— ¿cómo excluir que el dinero de Ochoa provenga también de otras fuentes ilícitas como por ejemplo el narcotráfico?
Ya Francisco Colorado Cessa —lavador de dinero de Los Zetas— declaró que financió la campaña de Javier Duarte.
¿Por qué suponer entonces que el origen de este otro dinero sea exclusivamente el erario del gobierno de Veracruz? El abogado afirma también que su cliente solicitó hacer inversiones en joyas, lanchas y bienes inmobiliarios.

Cabe también preguntarle si, además, entregó dinero para campañas políticas.

Resultaría normal que así hubiera sido y la PGR está obligada a revisar todos los destinos posibles de esos recursos ilegales.

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