Capturan a Duarte

Estos son los delitos que imputa PGR a Javier Duarte

De acuerdo con publicación de Animal Político, el expediente del caso fue expuesto por fiscales de la PGR y funcionarios del SAT.

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Veracruz: De acuerdo con publicación de Animal Político, el expediente del caso fue expuesto por fiscales de la PGR y funcionarios del SAT. / Agencias
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Agencias / Veracruz
2017-07-04 13:03:39

De acuerdo con investigaciones, la Procuraduría General de la República (PGR), imputa al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, los delitos de delincuencia organizada, como responsable de encabezar una red delictiva que permitió desviar al menos 223 millones de pesos provenientes del erario público, el cual fue entregado a empresas fantasma que, a su vez, lo triangularon a un segundo nivel de compañías y estas a diferentes prestanombres, así como por cargos de Enriquecimiento Ilícito, Peculado e Incumplimiento del Deber Legal.

De acuerdo con publicación de Animal Político, el expediente del caso fue expuesto por fiscales de la PGR y funcionarios del SAT en una audiencia oral realizada ante un juez federal en noviembre pasado y en la indagatoria del Ministerio Público, que contó con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, indica que entre 2012 y 2013, a través de las Secretarías de Educación y Salud de Veracruz, se concedieron contratos a las compañías Evolución de Diseños, Farmacias Genéricos, Solaris Technologies, Gali Textil y Aglomerados de Concreto del Papaloapan.


Lo que luego documentó la PGR fue la ruta que siguió el dinero a través de transferencias electrónicas conocidas como SPEI. Los recursos fueron traspasados a por lo menos nueve empresas: Edifica México, Benfa Inmobiliaria, Diseño Arquitectónicos Malva, Diseños Arquitectónicos Aylin, Sacmet Inmobiliaria, Agatone Advisor, Medical Health Services H2S, Anivis International Y grupo Inmobiliario Boing.

Estas nueve compañías, que ya no eran contratistas del gobierno, recibieron el dinero público de las que sí eran proveedoras. Con el apoyo de la Secretaría de Hacienda se detectó que todas ellas traspasaron el dinero a una empresa de tercer nivel denominada Consorcio Brades.

El seguimiento de las operaciones bancarias permitió a PGR establecer ante que la empresa Consorcio Brades simuló la compra de terrenos ejidales con sobreprecio en Campeche. Dichos terrenos ejidales eran propiedad de prestanombres de Duarte que fingieron ser ejidatarios, entre ellos el empresario Moisés Mansur y el abogado fiscalista José Juan Janeiro Rodríguez.

Finalmente la PGR expuso ante el juez que el dinero, ya en poder de los presuntos prestanombres de Duarte, fue utilizado con diversos fines, entre ellos la compra de un rancho de lujo en el Estado de México, un yate, y la inversión en diversas propiedades en Guerrero, Ciudad de México, Veracruz, así como Texas y Florida en Estados Unidos.

La acusación que la PGR realizó en contra de Javier Duarte se presentó también en contra de ocho personas más, en contra de las cuales se giraron órdenes de aprehensión.

Hasta antes de la captura de Javier Duarte solo habían sido detenidas formalmente las hermanas Elia y Nadia Arzate Peralta, quienes figuraban como accionistas de la empresa Consorcio Brades, compañía involucrada en la triangulación de recursos públicos. Ambas fueron sentenciadas ya a tres años de prisión luego de que reconocieran su culpabilidad a cambio de ser condenadas por lavado pero no por delincuencia organizada.

El abogado José Juan Janeiro Rodríguez es otro de los que tenía una orden de aprehensión pero fue congelada por la PGR luego de que este accedió a cooperar con las autoridades aportando información. Su situación jurídica se resolverá más adelante.

Las personas que permanecen prófugas son el empresario Moisés Mansur, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Santa Bartolo Acuña, Miguel Velásquez Nieva y Javier Nava Soria.

Las pruebas que la PGR presentó para sostener la acusación preliminar en contra de Javier Duarte y el resto de los coacusados incluyen múltiples transferencias bancarias realizadas a través del sistema SPEI, las escrituras de la constitución de empresas y documentos relacionados con la compra venta de terrenos y propiedades.

Otra prueba que la PGR presentó ante el juez y es central en el caso es la declaración del abogado Alfonso Ortega López, quien confesó haber trabajado por años bajo las órdenes de Javier Duarte y sus prestanombres para la creación de empresas fantasma en México y Estados Unidos y facilitar el movimiento de recursos económicos.

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